• José Ignacio Delgado

La cuenca minera de León

Una breve reflexión sobre el desmantelamiento del sector y sus consecuencias.


Lejos de mi intención cuestionar la imprescindible sustitución de los modelos tradicionales de obtención de energía, para responder a la perentoria necesidad de restablecer un equilibrio ecológico en el planeta. Y no cabe discutir acerca de teorías más o menos fundamentadas sobre el cambio climático, pues día a día comprobamos que esa realidad ya está aquí: severos fenómenos meteorológicos que devastan nuestras costas; tórridos veranos que se anticipan y prolongan cada vez más (escribo estas líneas desde un Valladolid "en manga corta" en pleno mes de febrero...); los noticiarios alertando sobre temperaturas nunca antes alcanzadas en la Antártida.... Es por tanto llegado el momento, con décadas de retraso, para la crucial toma de decisiones que permitan ofrecer a nuestros descendientes no solo un entorno digno y saludable, sino incluso habitable.


Sin embargo, no es menos cierto que la implementación de drásticas medidas para contener emisiones contaminantes y proponer modelos sostenibles, trae consigo (como siempre ha ocurrido en toda transformación de un modelo productivo obsoleto), un perjuicio directo en el eslabón más débil de la cadena: los trabajadores y sus familias. Recientemente nos hacíamos eco en este Blog de una exposición en Gijón sobre el extinto mundo de la minería en Asturias, durante más de cien años motor económico y vertebrador social de numerosos municipios. Hoy vemos que el problema se repite, si cabe con mayor impacto, en las cuencas mineras de la provincia de León. Tras las directivas dictadas desde la comunidad europea, se ha procedido al cierre definitivo de todas las explotaciones dedicadas a la obtención de carbón. Sin embargo, no acaba de entenderse cómo una medida necesaria (pero no sorprendente o insólita ya que el estado español y las autonomías vienen recibiendo fondos para la reconversión del sector desde hace decenios) trae consigo el efecto perverso de la terrible despoblación que sufre, por ejemplo, la comarca berciana, donde hay al menos cinco municipios que han perdido en los últimos años el 20% de su censo. Diez mil habitantes obligados a abandonar casas y pueblos y a emigrar (y que me perdone la modernez por seguir utilizando la e inicial, pero yo fui a EGB). ¿Qué ocurre, por tanto, con los fallidos planes de reconversión? ¿A quién se deben pedir responsabilidades por una gestión incompetente que prácticamente condena a la desaparición y el olvido a los pueblos de la cuenca minera? ¿Era inevitable esta fatal consecuencia?


Invita a la reflexión el hecho de que los mismos gestores que ahora trufan su vacuo discurso con conceptos como la lucha contra el cambio climático o la despoblación, hayan sido incapaces de prever y anticipar el drama de las familias que han debido dejar los pueblos donde trabajaban en busca de nuevas formas de subsistencia. Las minas se cierran, sí, y sin duda era una medida necesaria. Pero entre las obligaciones de los administradores de lo público, a cambio de las cuales disfrutan de innumerables privilegios, se encuentra sin duda la de pasar de la fría abstracción de los despachos a la resolución de los problemas reales de sus conciudadanos. Ellos son, en definitiva, quienes habitan (y pagan impuestos) en todas las "ciudades invisibles" que son y han sido. Hace muchos años que hemos renunciado a exigir a la clase política convicciones o idealismo; tan solo, eficiencia en la gestión. Y ni para eso sirven.